Agencias.- Dos recientes análisis, uno de ellos del Instituto Nacional de Salud Pública y de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y el otro un sondeo realizado por la encuestadora DINAMIA, evidenciaron que la ciudadanía respalda el fortalecimiento de las políticas públicas para reducir los daños asociados con el consumo de alcohol, expusieron especialistas e integrantes de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA).
En conferencia de prensa detallaron que esos estudios indican que 95.7 por ciento de las personas apoyan garantizar el derecho al diagnóstico y tratamiento; 95.6 por ciento se pronunció por aumentar las sanciones por conducir bajo sus efectos y 92.8 por ciento, por ampliar los puntos de revisión de alcoholimetría.
La doctora Iliana Murguia, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol, apuntó que los resultados muestran que la gran mayoría de la población mexicana acepta la regulación del alcohol e incluso la respalda con contundencia.
El mismo estudio evidencia una fuerte aceptación hacia medidas que regulan el entorno en el que se comercializa y promociona el alcohol; 88 por ciento estuvo de acuerdo con reducir los horarios de venta de bebidas alcohólicas; 86.9 por ciento con eliminar su patrocinio en equipos o eventos deportivos y 86.8 por ciento con aumentar la edad mínima para comprar alcohol. Incluso reducir el número de establecimientos de venta de alcohol cuenta con el respaldo de 79.4 por ciento de la población.
La encuesta de DINAMIA reveló que 94 por ciento de la población considera que el consumo de alcohol es un problema de salud pública, siendo la principal preocupación la violencia, y específicamente la violencia contra las mujeres (83 por ciento) y la violencia familiar (78 por ciento).
México arrastra importantes pendientes regulatorios. La última reforma al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad de bebidas alcohólicas se realizó en 2008 y la última reforma fiscal específica sobre bebidas alcohólicas corresponde a 2013. Además, las reglas sobre disponibilidad son heterogéneas entre entidades y municipios, sostuvieron.
El doctor Luis Solís Rojas, médico psiquiatra y especialista en adicciones, comentó que los resultados muestran que existe una ventana de oportunidad para que las autoridades impulsen políticas regulatorias más efectivas, integrales y sustentadas en evidencia científica.
“La aceptación social no sustituye la evidencia científica, pero aporta información estratégica para fortalecer el diseño, comunicación y establecimiento de políticas públicas con mayor legitimidad y posibilidades de permanencia.”
Alonso Robledo, vocero de la RASA precisó que por años se ha argumentado que fortalecer la regulación del alcohol podría generar rechazo social. “Hoy tenemos evidencia para cuestionar esa idea. La sociedad mexicana está dispuesta a
respaldar medidas que reduzcan los daños asociados al consumo de alcohol.”
Robledo, agregó que los resultados son relevantes porque demuestran que la regulación del alcohol no solamente es una necesidad sustentada en la evidencia científica, sino también una medida que cuenta con respaldo social.
Ahora, consideró, la discusión ya no debería centrarse en si la población acepta una política más estricta, sino en por qué las autoridades siguen postergando regular lo que la evidencia científica demuestra y la propia sociedad demanda.
“Corresponde a las autoridades convertir esa legitimidad social en decisiones públicas capaces de proteger la salud de la población y actualizar un marco regulatorio que, en varios de sus componentes fundamentales, lleva más de una década sin responder adecuadamente a los desafíos actuales”.
