Agencias.- A partir de este 9 de enero, inicia registro obligatorio de celulares, sin embargo, alertan por riesgos a la privacidad.
Para el Gobierno Federal, la medida busca frenar delitos como extorsión, fraude y secuestro.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos digitales advierten que el costo puede ser alto en términos de privacidad.
Inicia registro obligatorio de celulares: ¿Existen riesgos?
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que este registro implica entregar datos personales y biométricos a empresas telefónicas, lo que abre la puerta a posibles abusos.
Pepe Flores, director interino de R3D, consideró que la disposición fortalece un “sistema de vigilancia con mucha discrecionalidad”.
Explicó que los usuarios quedan atrapados entre dos opciones: entregar su información o “enfrentarse a la exclusión”, ya que el trámite es obligatorio y, de no cumplirse, la línea será suspendida de manera temporal.
Para asociar una línea en empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, las personas físicas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para presentar credencial de elector o pasaporte, además de la Clave Única de Registro de Población (CURP). En el caso de personas morales, se deberá incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
En diciembre de 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos para la identificación de las líneas. Antes de ello, se realizó una prueba piloto entre septiembre y octubre, bajo el mismo argumento de combatir delitos de alto impacto.
Flores advirtió que el problema central es que las autoridades de seguridad pueden requerir información a las empresas telefónicas sin orden judicial y con pocas salvaguardas.
“A las autoridades (de seguridad), se les da facultad de requerir datos a las empresas (telefónicas) sin necesidad de orden judicial y con muy pocas salvaguardas (…). Esos datos al final del día van a afectar principalmente a poblaciones en una situación de vulnerabilidad, que son las y los periodistas, las personas opositoras, a las personas que protesten, a las personas migrantes, por ejemplo”.
Para R3D, entregar la CURP a las compañías no es seguro ni garantiza una disminución de la delincuencia. Incluso, advierten que podría aumentar el robo de celulares para cometer ilícitos.
“Pues no es seguro pero es obligatorio (…), no creo que contribuya a la disminución del delito pero ese ha sido el argumento que arregló el gobierno para impulsarla y que sea aceptada la medida”.
Sobre la protección de los datos, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) aseguró que la información quedará bajo resguardo de las compañías, conforme a la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que el Gobierno de México no tendrá acceso directo.
No obstante, R3D subraya que las empresas están obligadas a entregar información si así lo solicitan las autoridades, siempre bajo el argumento del combate al delito.
El registro obligatorio forma parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado en julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación ese mismo mes.
Desde la organización, preocupa especialmente la asociación directa entre identidad y línea telefónica.
“Esta asociación línea-identidad es muy grave porque cada vez más usamos el teléfono como identificador de servicios”.
Flores añadió que el consentimiento no es realmente libre.
“Por más que se diga que hay un consentimiento, es un consentimiento forzado porque la alternativa es la exclusión, la alternativa es: Yo quedo excluido de estos servicios porque no estoy asociando mi identidad legal y mi identidad, en este caso, biométrica a todo lo que yo hago”.
Registro biométrico de celulares preocupa por posibles violaciones de derechos
La llegada de la CURP Biométrica, que incluye fotografía y huellas dactilares, incrementa la preocupación.
“(La información personal), las autoridades la pueden utilizar de muchas y muy variadas formas. En el caso de México ya se han detectado abusos de estas facultades donde a veces hay colusión con la delincuencia organizada”.
En cuanto a los derechos afectados, R3D señala riesgos directos a la presunción de inocencia, la privacidad y la protección de datos personales. Flores explicó que si alguien sufre robo de identidad o clonación y se comete un delito, la línea quedará vinculada a esa persona, quien deberá enfrentar primero las consecuencias.
También consideró poco realista pensar que quienes cometen delitos usarán sus propios datos.
“Esto lejos de ayudar aumenta la problemática”.
Finalmente, R3D hizo un llamado al Poder Judicial para que actúe como contrapeso. Flores recordó que ya se opusieron a la aprobación de la ley y que ahora existe incertidumbre sobre cómo se resolverán estos casos.
Trajo a la memoria el fracaso del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), implementado en 2009. Y la invalidación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que violaba derechos humanos.
“Debe actuar como contrapeso y debe actuar como equilibrio y mostrar que en efecto la elección judicial fue para fortalecerlo y no para someterlo al poder ejecutivo (…). Que vean todas las violaciones a derechos que van a ocurrir y actúen en consecuencia”.
