Por Agencia
La Secretaría de las Mujeres y el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), pondrá en marcha un programa de atención focalizado en 50 municipios prioritarios del país, con el objetivo de “combatir de raíz” las causas del embarazo infantil y las uniones tempranas.
Como parte de esta acción se impulsará la armonización de los códigos penales en todas las entidades para establecer un piso mínimo de protección, así como el trabajo directo en el ámbito educativo, mediante el diálogo con docentes y familias en la prevención para proteger los proyectos de vida de las adolescencias.
La Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras se desplegará durante este año, utilizando los recursos del Fondo para el Bienestar de las Mujeres (FOBAM). Lo que se busca es combatir las violencias que históricamente han sido normalizadas, con el propósito de brindar una reparación integral que devuelva a las niñas su derecho a un futuro de libertad y bienestar, encaminado a cumplir la meta de erradicar por completo, para el año 2030, los nacimientos entre niñas de 10 a 14 años y reducirlos al 50 por ciento en adolescentes.
Datos de la Secretaría de Salud indican que en 2024 se registraron 92 mil 660 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8 mil nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Es decir, todos los días, 21 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres.
En 2023, el 42 por ciento de los progenitores se encontraba en el rango de edad de 15 a 19 años; 15. 2 por ciento, entre los 20 a 24 años, 4 por ciento, entre los 25 a 29 años y 2.8 por ciento con más de 30 años.
“Este esfuerzo, que forma parte de las acciones de la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), busca transformar esta realidad a través de una intervención integral que incluye la prevención, la justicia y el cambio cultural.”
La dependencia resaltó que “la protección de las infancias es una prioridad central en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la estrategia parte de una premisa clara: el embarazo en niñas de 10 a 14 años es consecuencia del abuso sexual.
“Bajo esa visión institucional, se sostiene que una niña embarazada no decidió por cuenta propia, su estado es producto del abuso sexual, porque los datos son evidentes: en la mayoría de los casos las niñas con embarazos están relacionadas con personas mucho mayores que ellas.”
La focalización en estos 50 municipios responde a un análisis técnico que identifica las zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazos en menores de 14 años y uniones forzadas, ya sea en situación de matrimonio o unión libre.
De acuerdo con el listado de municipios prioritarios, la intervención se concentrará de manera destacada en entidades como Guerrero, que encabeza la lista con 11 municipios; le siguen Chiapas, Chihuahua, el Estado de México y Oaxaca, con cinco municipios cada uno; mientras que entidades como Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Veracruz, cuentan con dos municipios prioritarios, respectivamente.
Esta distribución permitirá actuar de manera directa en aquellas zonas donde la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes es más crítica.
Además, se fortalecerá la coordinación con las fiscalías, las escuelas y el sector salud para asegurar que estos casos no queden impunes.
En el contexto de la estrategia, la Secretaría de las Mujeres reforzará el llamado a las autoridades locales a sancionar con firmeza el abuso sexual.
“Como parte de los componentes de esta iniciativa, se priorizará un diálogo horizontal con las comunidades para erradicar la normalización de las uniones forzadas, bajo el principio de que las leyes están por encima de cualquier costumbre cuando esta violenta la dignidad o la libertad de las niñas.
El objetivo central es lograr un cambio cultural profundo en la convivencia social para erradicar conductas normalizadas que suelen encubrirse como tradiciones. Para ello, esfuerzos institucionales como la Estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras deben considerar el trabajo directo en los territorios, con el fin de establecer un diálogo efectivo que garantice los derechos de las infancias y adolescencias.
La ENAPEA, en la que se enmarca esta estrategia, es coordinada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la Secretaría Técnica de la Secretaría de las Mujeres, y se articula a través del GIPEA, integrado por 36 instancias de la Administración Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil, academia, organismos internacionales y tres representantes de los GEPEA.
