Por Agencia
Este viernes se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia sobre el caso de Bonfilio Rubio Villegas, el indígena nahua que fue víctima de ejecución extrajudicial por parte del Ejército en junio de 2009, en la cual el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos y se dijo dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso con la familia del agraviado.
Por su parte, los representantes de la familia de Rubio Villegas indicaron que no están cerrados a la posibilidad de llegar al mencionado acuerdo amistoso, pero aclararon que en dicho pacto no sólo debemos incluirse medidas de reparación personales para quienes resultaron afectados directamente por el asesinato de la víctima, sino también debe incluirse un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos e incluir en el debate el tema de la militarización de la seguridad pública, la cual continúa hasta la fecha.
Durante la audiencia realizada hoy, se recordó que el 20 de junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas perdió la vida luego de que un grupo de soldados abriera fuego contra el autobús de pasajeros en el cual viajaba el hombre de 29 años de edad, durante un retén militar instalado en Guerrero.
Como se informó en este diario, el incidente ocurrió luego de que el chófer del vehículo reiniciara su marcha sin que al parecer los uniformados lo hubieran autorizado para ello, lo que llevó a algunos de los soldados a disparar contra el camión para detenerlo, lo que resultó en el fallecimiento de Rubio.
En el encuentro realizado hoy estuvo presente Verónica González González, cuñada de Bonfilio Rubio, quien narró las circunstancias en las que tuvo lugar la ejecución extrajudicial del indígena nahua, así como los obstáculos legales que enfrentó su familia para la entrega de sus restos mortales y el «acoso» posterior qué enfrentaron por parte del Ejército, para obligarlos a que aceptaran una indemnización económica de 160 mil pesos, a cambio de que ya no reclamaran por el asesinato de su ser querido.
De igual forma, expuso ante los comisionados de la CIDH las graves afectaciones emocionales y económicas que padeció la familia de Rubio Villegas por la falta de acceso a la justicia en este caso.
«Para mí fue triste, porque las autoridades no investigaron el caso como debe ser, prefirieron estar del lado de los culpables y no de las víctimas. Solo quiero justicia y que los responsables sean procesados, porque han pasado 16 años y nomás no veo nada, no veo claro, y que el gobierno reconozca públicamente que fue el Estado quien ejecutó a Bonfilio, para que no vuelva a suceder con otros paisanos indígenas, porque para el gobierno, los indígenas no existimos», enfatizó González durante la audiencia.
La cuñada de la víctima recalcó: «Han pasado 16 años y no hay ni un castigado, nadie, ¿por qué, qué les hizo ese joven? Lo digo a nombre de mi suegro, mi suegra y mi esposo, que anhelaban justicia, y yo digo lo mismo: justicia, que se castigue a los culpables, nada más».
Por su parte, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, indicó que la delegación a su cargo no le formularía ninguna pregunta a Verónica González y aseguró que hay condiciones para brindarle la atención necesaria a ella y otros familiares de la víctima, «conforme al derecho que les asiste y el cumplimiento de nuestra responsabilidad».
En ese marco, recordó que hace unos días las autoridades mexicanas presentaron un informe sobre el caso en el cual se reiteró la disposición del Estado de llegar a una solución amistosa y formular un reconocimiento parcial de responsabilidad.
En respuesta a los planteamientos de Encinas, Saulo Loya, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resaltó que «cualquier ofrecimiento de un acuerdo amistoso, al cual no nos negamos», pasa primero por un reconocimiento total de la responsabilidad del Ejército en los hechos, incluido el tema del uso desproporcionado de la fuerza, y el castigo a los responsables materiales de la ejecución extrajudicial de Rubio Villegas.
Asimismo, hizo ver que las organizaciones que acompañan a la familia del indígena nahua están interesadas no solo en analizar el caso desde el punto de vista de las afectaciones personales a Rubio, sino como un fenómeno estructural en donde persiste la militarización de la seguridad pública, especialmente en el estado de Guerrero.
Encinas replicó que podría haber un reconocimiento parcial de violaciones al derecho a la vida, las garantías judiciales y los derechos y libertades personales. Además, planteó una nueva audiencia en 30 días, para determinar qué personas podrían todavía ser sujetas de investigación.
Por otro lado, el funcionario ofreció brindar garantías de no repetición y ofrecer una disculpa pública por el caso, en el marco de la solución amistosa.
