Agencias.- El Estado mexicano quiere imponer el mecanismo de las consultas públicas por encima de los procesos de autodeterminación de las propias comunidades indígenas, lo cual favorece el despojo de sus tierras para desarrollar megaproyectos, denunció la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida.
Luego de instalar un plantón provisional frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión civil –integrada por comunidades chontales, yaquis, zapotecas y mixes, entre otras– también dijo que existe una “violación sistémica” a los derechos de los pueblos originarios que enfrentan la represión por defender su territorio.
Mario Quintero, integrante de la coordinación de la Asamblea de los Pueblos indígenas del Istmo en Defensa la Tierra y el Territorio, señaló que tales violaciones se manifiestan a través de megaproyectos impuestos, decretos presidenciales, los abusos de empresas extractivas y la organización de consultas simuladas.
Al reiterar la exigencia de que se respeten los procesos de autoconsulta de las propias comunidades indígenas, indicó que en los planes de justicia se utiliza la consulta pública como una herramienta para favorecer el despojo.
“Cuando los pueblos se sientan en la asamblea a discutir y deciden el no, el Estado no lo acepta y empieza a generar mecanismos de cooptación, de división y, en el peor de los casos, de violencia contra las comunidades que se oponen a estos proyectos que provienen ya no sólo de empresas transnacionales, sino del propio Estado mexicano”, subrayó.
Afuera de la SCJN también confluyó un grupo de ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro en demanda de que revise una resolución de 2013, en la que negó que el gobierno federal se convirtiera en patrón sustituto de los empleados despedidos en octubre de 2009 mediante decreto presidencial.
Una comisión de electricistas fue atendida por el área de atención ciudadana, que programó una audiencia para hoy con el ministro presidente Hugo Aguilar, según afirmó la organización.
